Reveladora declaración de Carlos Peña Ortiz
Columnistas / René G. Martínez Bravo / 6 de mayo de 2026
*Presentará iniciativa sobre seguridad al Congreso
La memoria política suele ser corta… pero conveniente. Y en el tema del llamado huachicol fiscal, hay quienes hoy levantan la voz como si se tratara de un fenómeno recién descubierto, cuando en realidad —como tantas otras cosas en este país— viene arrastrando historia, omisiones y silencios que ahora pesan.
El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, decidió poner sobre la mesa un dato incómodo: desde el 2020 ya se advertía sobre la posible relación entre actores políticos y prácticas ilícitas como el huachicol fiscal. Y no solo eso, sino que —según su propia versión— acudió directamente a quien entonces encabezaba el Partido Acción Nacional, Marko Cortés, para exigir que se frenara la participación de perfiles con vínculos peligrosos.
La respuesta, dice, fue tan seca como reveladora: no podía hacer absolutamente nada.
Si esa afirmación es precisa, entonces lo que hubo no fue desconocimiento, sino una preocupante renuncia a la responsabilidad política. Porque permitir —por omisión o cálculo— que personajes bajo sospecha compitan por cargos públicos no solo contamina procesos electorales, sino que abre la puerta a lo que hoy se intenta denunciar con estridencia.
Peña Ortiz insiste en algo que pocos quieren reconocer: el huachicol fiscal no nació ayer. Se arrastra desde administraciones pasadas y ha sido denunciado de manera reiterada, al igual que otro flagelo que golpea con mayor crudeza a regiones como esta: la extorsión. Un delito que, lejos de contenerse, ha crecido a la sombra de estructuras institucionales rebasadas.
Y ahí es donde el discurso se convierte en exigencia.
El alcalde plantea llevar al Congreso local una iniciativa que, sin duda, abrirá debate: dotar a los municipios de facultades para incidir en el nombramiento de fiscales de distrito, además de garantizarles cuerpos policiacos propios. Porque, como bien señala, existe una desconexión entre la percepción ciudadana y la realidad institucional: la gente culpa al alcalde de la inseguridad, pero el alcalde no tiene policía.
Es el contrasentido de un sistema que centraliza responsabilidades, pero descentraliza culpas.
En paralelo, el edil ha buscado interlocución con Omar García Harfuch, intentando colocar en la agenda federal el problema creciente de la extorsión en ciudades fronterizas como Reynosa. Un intento que, de prosperar, podría marcar una ruta distinta en la coordinación entre niveles de gobierno.
Pero más allá de iniciativas y reuniones, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: durante años se supo, se dijo y —según versiones— se denunció. Y aun así, poco o nada se hizo.
Hoy, cuando el tema vuelve a ocupar titulares, la pregunta no es quién lo menciona con más fuerza, sino quién estuvo dispuesto a enfrentarlo cuando aún había margen para contenerlo.
Porque en política, el silencio también es una forma de complicidad.
Hasta la próxima
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