La mentira como estrategia electoral
Columnistas / René G. Martínez Bravo / 1 de agosto de 2026
Hay debates que llegan tarde, pero llegan. El del derecho de audiencia es uno de ellos. Hoy ocupa espacios en la agenda pública, cuando en realidad debió fortalecerse desde hace muchos años. No se trata de un privilegio para políticos, funcionarios o medios de comunicación; se trata de una garantía para toda persona que pueda ser señalada, acusada o exhibida sin pruebas y sin la oportunidad de responder.
La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, pero también lo es la responsabilidad. Ningún derecho puede convertirse en patente de impunidad para fabricar montajes, difundir versiones sin sustento, tergiversar hechos o destruir reputaciones mediante campañas de difamación cuidadosamente diseñadas.
México se aproxima a un nuevo ciclo electoral y, con él, al riesgo de que las redes sociales, páginas apócrifas, cuentas anónimas y operadores de la desinformación conviertan el debate público en un auténtico campo de lodo. No hablamos únicamente de medios informativos; hablamos de toda una industria dedicada a la mentira, integrada por personajes que, muchas veces, reciben compensaciones para atacar, denostar y sembrar sospechas sin aportar una sola prueba que sostenga sus afirmaciones.
Esa práctica representa un grave atentado contra el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz y suficiente para formar un juicio libre al momento de elegir a sus gobernantes.
Cuando la mentira desplaza a los hechos, pierde la democracia; cuando la calumnia sustituye al debate, pierde la sociedad.
Por ello resulta indispensable que las autoridades electorales y judiciales lleguen preparadas a la contienda que se avecina. No basta con vigilar el gasto de campañas o los tiempos oficiales. También será necesario actuar con firmeza frente a quienes, de manera sistemática y con evidente intención política, utilicen la desinformación como arma para influir en la opinión pública.
En el norte de Tamaulipas ya comienzan a observarse señales de esa estrategia. En el debate público han circulado señalamientos que buscan vincular a integrantes de la familia Peña Ortiz con hechos relacionados con el llamado huachicol fiscal. Hasta el momento, tales señalamientos no han sido acreditados por resoluciones judiciales que establezcan esa responsabilidad, pese a lo cual continúan difundiéndose y amplificándose en distintos espacios, incluso de alcance nacional.
Más allá del caso específico, el fenómeno merece atención porque revela una práctica recurrente: intentar desgastar políticamente a quienes encabezan las preferencias o mantienen una posición de fortaleza en determinadas regiones. La guerra sucia no distingue partidos ni ideologías; simplemente busca erosionar la confianza ciudadana mediante la repetición de sospechas que terminan sustituyendo a los hechos.
Lo preocupante es que esto apenas comienza. Si las autoridades no actúan con oportunidad, las próximas campañas podrían convertirse en una competencia donde el vencedor no sea quien presente las mejores propuestas, sino quien logre fabricar la mentira más escandalosa.
Es momento de prevenir, no de lamentar. El Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales locales, los tribunales y las autoridades encargadas de procurar justicia deben fortalecer los mecanismos que garanticen el derecho de audiencia, sancionen la difamación deliberada cuando corresponda conforme a la ley y protejan el derecho de la sociedad a recibir información sustentada en hechos verificables.
Porque cuando la mentira se normaliza, todos perdemos. Y cuando la verdad deja de importar, la democracia comienza a desmoronarse.
Todavía estamos a tiempo de evitar que el proceso electoral se convierta en una guerra sin reglas. Pero para lograrlo se requiere decisión institucional, aplicación de la ley y una ciudadanía que aprenda a exigir pruebas antes de creer cualquier acusación.
El desorden ya asoma en el horizonte. Ignorarlo sería el primer paso hacia el caos.
Hasta la próxima
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