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Presenta CIMAC Cuarto Informe de Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018

Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas

Violencia / Lidia Bonilla / Noviembre 17, 2018

En seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó 422 casos de violencia contra mujeres periodistas, 222% más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El reto que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para garantizar la libertad de expresión, será crear condiciones de seguridad para las periodistas y la revisión de las instituciones encargadas de su protección.

El informe presentado la tarde del 14 de noviembre  por CIMAC “Herencia de un sexenio: Simulación  y  desplazamiento. Violencia  contra  mujeres  periodistas  2012-2018”,en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México,  analiza las responsabilidades, acciones y omisiones del gobierno de EPN para proteger a las periodistas.

El acto protocolario estuvo presidido por la Licenciada Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC; Cynthia Valdez García, de Sinaloa, fundadora y directora del periódico y portal digital www.laparednoticias.com.;Adela Navarro Bello, Co-directora general del semanario Zeta de Tijuana, Baja California; Anayeli García Martínez, colaboradora de CIMACnoticias;y, Rosa María Rodríguez Quintanilla,  periodista, originaria de Tamaulipas quien vive un desplazamiento forzado,  adherida al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

De diciembre de 2012 a septiembre de 2018, CIMAC documentó que 9 de cada 10 periodistas fue víctima de violencia psicológica, expresada en actos de intimidación, amenazas y hostigamiento; 3 de cada 10 periodistas han sido agredidas de forma física, 2 de cada 10 han sido víctimas de violencia patrimonial y por lo menos 1 de cada 10 periodistas sufren algún tipo de ataque de carácter sexual que afecta su actividad profesional y atentan contra su integridad. Destacan 6 casos de feminicidio donde la autoridad ha confirmado que estuvo relacionado con su ejercicio periodístico. Las entidades que concentran el mayor número de agresiones registradas durante este periodo son la Ciudad de México (18%), Veracruz (14%) y Puebla (9%).

Se trata de periodistas entre los 36 y 40 años (26%), colaboradoras de medios impresos principalmente (57.5%), quienes cubrían la fuente política (73.7%) y que en el momento de la agresión investigaban corrupción (27.4%), cubrían el proceso electoral (21.5%) o documentaban violaciones a derechos humanos (9.4%).

El perfil de los perpetradores son, en su mayoría, funcionarios públicos  del ámbito municipal (18.4%), estatal (15.8%) y federal (4.7%), así como simpatizantes y candidatos de partidos políticos (16.3%),

El informe destaca el fenómeno de desplazamiento, CIMAC documentó 7 casos de periodistas desplazadas, una de ellas se vio obligada a exiliarse.

El desplazamiento de mujeres periodistas incrementó en este sexenio como resultado de los ataques a la libertad de expresión. Comenzó como una decisión personal, pero con la creación del Mecanismo de Protección en 2012, ahora es considerada una medida recomendada y avalada por las instituciones de gobierno. El informe enfatiza la necesidad de establecer condiciones necesarias que permitan el retorno de las periodistas desplazadas, proveerles de condiciones dignas para su reubicación o garantizar su integración y acceso a derechos en la localidad donde permanecen.

CIMAC analiza la actuación de las diferentes instancias encargadas de proveer seguridad a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Una de éstas es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La opacidad del fideicomiso y transparencia en la ejecución del funcionamiento del Mecanismo de Protección se traduce en la capacidad de sus recursos materiales y humanos, se manifiesta en la falta de personal capacitado en materia de derechos humanos, la carente atención a las víctimas, la generación de análisis de riesgos sin perspectiva de género y de planes de protección deficientes. Aún con estas con estas falencias, en muchas ocasiones, son la única herramienta que tienen periodistas y defensoras para protegerse.

Otra instancia encarga de la seguridad y procuración de justicia en materia de libertad de expresión, es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El informe señala que, además de no contar con datos desagregados por sexo, la institución dependiente de PGR, debe asegurar la independencia e imparcialidad en las investigaciones, personal especializado, evitar irregularidades en las diligencias, atraer las denuncias de las reporteras y seguir las hipótesis relacionadas con su trabajo periodístico.  

Herencia de un sexenio: Simulación  y  desplazamiento. Violencia  contra  mujeres  periodistas  2012-2018, hace un llamado al gobierno entrante a garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Para ello deberá cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de libertad de expresión y protección de periodistas, iniciando con el reconocimiento público de la labor de las periodistas en el fortalecimiento de un Estado democrático; garantizar la investigación de los casos de agresiones contra periodistas con perspectiva de género; crear un Comité de expertas en perspectiva de género para monitorear y vigilar el diseño y la implementación de medidas de protección; capacitación y profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género al personal encargado de las investigaciones y el otorgamiento de medidas de protección; así como crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados a para transversalizar la perspectiva de género en el Mecanismo y en la FEADLE.

Desde hace 13 años CIMAC pone a luz a los crímenes contra las periodistas. En 2012 publicó el Informe Diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas, el primero en el mundo que abordó la marca de género en la violencia contra la libertad de expresión. El presente informe concluye que todo acto que atente, perturbe o limite la labor de las periodistas y comunicadoras, no sólo viola su derecho a la libertad de expresión, sino también atenta contra su derecho a una vida libre de violencia.