Sistema judicial en duda por supuesta protección a violadores

Letargo en indagación de agresión sexual a una adolescente

Violencia / Lidia Bonilla / Marzo 27, 2016

CIMACFoto: César Martínez López Por: Flavia MoralesCimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 24/03/2016 El retraso en la investigación por la presunta violación sexual a una joven en el municipio veracruzano de Boca del Río deja en duda la procuración de justicia, dijo Adriana Fuente, abogada del colectivo Equifonía.
 
La defensora reconoció que hay un término legal de 180 días para la integración de la averiguación ministerial, y este plazo ya se venció, pues la denuncia fue interpuesta el 16 de mayo de 2015, hace casi 10 meses.
 
En enero de 2015, la adolescente fue privada de su libertad y atacada sexualmente por cuatro jóvenes en Boca del Río. Ella conocía a los presuntos agresores, iban en la misma escuela; pasaron cuatro meses para que venciera el miedo y se decidiera a denunciar.
 
A pesar de las pruebas médicas y periciales, y de los testimonios y videos donde ellos confiesan y ofrecen disculpas a la joven, los agresores sexuales siguen libres y ahora se declaran inocentes, según el testimonio de Javier Arturo Fernández Gómez, padre de la adolescente, quien hizo pública la denuncia. 
 
Los presuntos atacantes son ahora conocidos como la banda de “Los Porkys” (en alusión a un caso de 2006 cuando unos jóvenes hijos de funcionarios asesinaron a un niño a golpes).
 
Y es que los señalados son hijos de empresarios influyentes: Enrique Capitaine –hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine–, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.
 
El padre de la joven explicó que en mayo de 2015 se levantó la denuncia 592/15/1ESP/VER/05. Ahí se relata que ella fue privada de su libertad afuera de una discoteca; los agresores la sometieron y la llevaron en un auto a casa de uno de ellos en el fraccionamiento Costa de Oro y ahí la violaron. 
 
La abogada defensora Adriana Fuente señaló que la condena de prisión por este delito va de seis a 30 años, dependiendo del veredicto del juez, sin embargo reconoció que el camino no será fácil pues la investigación continuará hasta desahogar pruebas de ambas partes, y hay casos en los que la justicia tarda hasta tres años en emitir un fallo.
 
Afirmó que la divulgación de una carta del padre, así como videos donde se inculpa a los jóvenes, podrían servir de prueba, pero tendrán que ser valorados por la autoridad ministerial.
 
A consideración de Fuente, hay dilación de la justicia en el caso y eso ha propiciado la desesperación de los padres, quienes han difundido videos de los jóvenes confesando el crimen.
 
La litigante advirtió que si la determinación de la autoridad ministerial y del juez no es favorable a la joven, la agraviada puede interponer una queja ante la Sala Constitucional para que analice si la determinación del Ministerio Público es la adecuada y si se agotaron todas las pruebas.
 
Señaló que el linchamiento mediático y la exposición de los jóvenes podría derivar en una queja o denuncia civil, pues están bajo el principio de presunción de inocencia. “No se puede hablar de un delito consumado, hasta que una autoridad lo determine”, aclaró Adriana Fuente.
 
Advirtió que se desconoce si a la víctima se le ofrecieron las órdenes de protección para ella y su familia, así como la atención médica y psicológica en el caso. “Deja mucho que desear la autoridad con su actuación; también se tendría que ver qué medidas se implementan para la joven, para no exponerla ni revictimizarla”, insistió.
 
Ante la desesperación por la falta de actuación judicial, Javier Arturo Fernández Gómez publicó una carta en redes sociales el pasado 18 de marzo. Reveló que había filmado a los jóvenes, quienes confesaron los hechos y pidieron “disculpas” a la menor de edad agredida, sin embargo ahora los jóvenes niegan el delito.
 
“Con todo eso, la fiscalía no ha sido capaz de consignar; estoy frustrado, desesperado y desgastado; tomé el camino legal y eso no ha sido suficiente”, reprochó el padre de la adolescente.
 
Se suma una campaña de descrédito, pues las familias de los jóvenes han creado perfiles en redes sociales para denostar a la joven y manchar su imagen, lo que la ha afectado aún más.
 
“No quiero venganza, sólo quiero justicia, quiero que se cumpla la ley”, dijo Fernández Gómez.
 
16/FM/RMB

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