PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN MÉXICO...INSUMOS PARA UN MÉXICO CON JUSTICIA

Invitacion al lanzamiento de las nuevas publicaciones del Proyecto por Open Society Justice Initiative

Violencia / Lidia Bonilla / Agosto 25, 2010

¿Sabía que el 42% de los detenidos en las cárceles mexicanas no ha sido juzgado?:

¿Sabía que en 2006 nos costó $9,700 millones mantener a personas en prisión sin condena?


La «prisión preventiva» es un castigo anticipado, cuyo uso irracional y sistemático constituye una violación flagrante al debido proceso, y en particular al derecho que tenemos los mexicanos a la presunción de inocencia. Hoy, el 42% de los presos del país padece tal encierro antes de que un juez determine si son inocentes o culpables.

Basta que alguien lo acuse de un delito, real o falsamente, para que usted esté en riesgo de prisión; éste es un fenómeno que nos afecta a todos de varias formas.

El país experimenta desde 2008 una reforma a su sistema de justicia penal, pero el viejo sistema inquisitivo prevaleciente permite a ministerios públicos y jueces poner tras las rejas cada año a decenas de miles de personas imputadas de delito pero que no han sido juzgadas y encontradas culpables. En sólo una década el número de presos sin condena se ha duplicado, pasando de 45 mil 272 a 92 mil 265

Pero, ¿esto se traduce en que más delincuentes estén en prisión y los ciudadanos más seguros? El encarcelar de manera indiscriminada no lo garantiza: la impunidad alcanza el 98.8% o, dicho de otro modo, sólo el 1.2% de quienes delinquen recibe castigo.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que la «prisión preventiva» debe aplicarse en «circunstancias excepcionales», cuando exista riesgo fundado de que el inculpado huya, agreda a su víctima o viole la ley durante el proceso.

También, que ha de ser «temporal», menos gravosa que la sanción misma en caso de condena y declarada por un juez.

Esto no sucede en México. El sistema de justicia penal produce incentivos para delinquir porque se enfoca en castigar y no en proveer justicia, lo cual genera impunidad e injusticia. No sólo no estamos más seguros, sino que nuestros impuestos suelen ser mal aplicados: el costo de mantener en prisión a personas que podrían ser inocentes o que en todo caso no han sido condenadas supera los 9 mil 750 millones de pesos anuales, cifra equivalente al 62% del presupuesto federal destinado a la seguridad pública.

Toda esa inversión es insuficiente, sin embargo, para resolver el hacinamiento de las prisiones (de hasta un 132% de su capacidad), así como sus altos niveles de corrupción, su incapacidad estructural para reinsertar socialmente y el riesgo sanitario que implica para los presos, sus familias y la comunidad. Al final, todos pagamos por esto, desde los ciudadanos hasta el Estado.

El Proyecto Presunción de Inocencia en México, de Open Society Justice Initiative en alianza con Renace e INSyDE, lo invita cordialmente a la presentación de las 5 nuevas publicaciones donde se documenta lo anterior y mucho más, ofreciéndose enfoques integrales y novedosas herramientas para transitar hacia un sistema de justicia penal justo, apegado a los estándares internacionales y la Constitución:

Estos productos están dirigidos a los operadores del sistema de justicia, los periodistas policiales y judiciales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interesados en la materialización de la reforma procesal penal basada en la presunción de inocencia en México.

El acto de presentación tendrá lugar el jueves 26 de agosto 2010, a partir de las
18:30 horas, en la Casa del Risco [Plaza San Jacinto 5 y 15, San Ángel, DF], con un programa que incluye comentarios de Luis González Placencia, ombudsman capitalino; mesa-debate moderada por el prestigiado periodista Carlos Puig, con la participación de Eduardo Gallo (presidente de México Unido contra la Delincuencia), Ana Laura Magaloni (profesora-investigadora del CIDE), Miguel Ángel Mancera (procurador general de Justicia del DF), y Guillermo Zepeda (investigador MSI y autor de dos de las obras presentadas); así como los testimonios de Teresa y Alberta, mujeres ñhañhú injustamente encarceladas y procesadas en Querétaro [caso exitosamente litigado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez].
No se lo pierda.

Estamos disponibles para concretar entrevistas y reuniones para dialogar sobre los resultados de las publicaciones. Confirmaciones y contacto:
Ana Aguilar: ana_aguilar@insyde.org.mx y (0155) 55363387