Guarderías insuficientes para jornaleras de San Quintín

Ante cobros de estancias de Sedesol, prefieren apoyarse entre ellas

Reportaje / Lidia Bonilla / Mayo 12, 2015

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, enviada/ Cimacnoticias | Valle de San Quintín, BC.- Mientras las jornaleras pagan hasta la mitad de su salario para que les cuiden a sus hijas e hijos, la única guardería para las afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región tiene inscritos sólo a 88 menores de edad y apenas uno de ellos es hijo de una trabajadora del campo.
 
El pasado 17 de abril la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social en San Quintín presentó a legisladores federales un pliego de demandas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras, entre ellas la creación de más guarderías que se apeguen al horario de una jornalera que comienza a trabajar desde las cinco de la mañana.
 
De acuerdo con María Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del IMSS en San Quintín, en el Valle hay una guardería para las 17 mil personas derechohabientes de la región, la cual presta un servicio totalmente gratuito de siete de la mañana a cinco de la tarde.
 
Actualmente la guardería –ubicada atrás del centro de gobierno– tiene a su cuidado 88 niñas y niños (de hasta tres años de edad) de madres de trabajadoras, incluso del campo, informó Herrera.
 
No obstante, de acuerdo con el personal de esta guardería, sólo uno de esos menores es hijo de una jornalera y posiblemente no habría espacio para más, ya que el cupo está saturado.
 
Entre el cúmulo de papeles que el IMSS pide está una constancia de trabajo expedida por el patrón, solicitud de inscripción a la guardería, constancia de “plática de nuevo ingreso”, comprobante de “certificación de vigencia y control de derecho al servicio de guardería”, y ocho fotos tamaño infantil (del menor de edad, de la trabajadora y de la persona autorizada para recogerlo).
 
Para el trabajador viudo, adicionalmente se le solicita acta de defunción de la madre y resolución judicial que indique la custodia del menor de edad, todo en original y con copia certificada.
 
Si bien las trabajadoras pueden inscribir a la niña o el niño en cualquiera de las cinco Estancias Infantiles que hay en el Valle –adscritas al programa “para apoyar a madres trabajadoras y padres solos” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)–, se les solicita una cuota de recuperación y en algunas comunidades son pequeños cuartos de madera montados en llantas negras a pesar de los apoyos federales.
 
Benito Soto, inspector de la Procuraduría del Trabajo en San Quintín (que visita regularmente las áreas de trabajo y sus campamentos), dijo que desconoce el número de ranchos y empresas que cuentan con el servicio de guardería. 
 
“No sabría decirte, eso le toca a Sedesol federal”, contestó el inspector al cuestionarlo sobre las políticas laborales para las madres jornaleras. Señaló que el rancho “Los Pinos” es el único con servicio de guardería, pero aclaró que ignora la calidad de los cuidados y el pago o forma de contratación de su personal.
 
No obstante, a decir de pobladores de “Los Pinos”, las viviendas de concreto pintadas de color rosa pálido constan de un solo cuarto en el que se alojan hasta dos familias de más de tres integrantes cada una.
 
Si bien está negado el acceso al campamento por varios guardias, la población de San Quintín apunta que las condiciones de vivienda y de trabajo en este rancho podrían ser las peores del lugar, por lo que consideran que las guarderías no cumplen con los estándares mínimos de limpieza o buenos tratos, ni las condiciones mínimas en caso de alguna emergencia.

LAS CUIDADORAS

Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena (Cami), apoyó el llamado del movimiento jornalero y urgió a que se creen más guarderías en la zona, ya que las trabajadoras, además de enfrentar la explotación laboral en los campos, quedan a cargo del cuidado de las y los niños más aún si sus esposos emigran hacia Estados Unidos en busca de mejores sueldos.
 
La activista señaló que además de que cada empresa agrícola debe tener instalaciones adecuadas para el cuidado de las y los menores de edad, el transporte del personal debe estar pensado para el traslado de las madres con sus hijas e hijos.
 
Luego de consultar a diferentes trabajadoras de San Quintín, Cimacnoticias constató que la mayoría de las jornaleras no tiene un lugar seguro para dejar a su descendencia mientras ellas se van al campo desde las cinco de la mañana.
 
Para Morelia Rodríguez de Jesús, indígena triqui de 18 años de edad, madre de un niño y ahora embarazada, una de sus principales preocupaciones cuando va a la pizca es que su hijo esté bien alimentado, lo traten con amor, lo cuiden y lo atiendan cuando se enferme.
 
La mayoría de las jornaleras pide ayuda a sus familiares –principalmente adultas mayores– para que cuiden a las y los niños, pero muchas otras que acaban de llegar a esta región de Baja California o que viajaron sin su familia, se ven obligadas a pagar por estos cuidados.
 
Algunas vecinas –todas ellas mujeres– que dejaron de trabajar en el campo por alguna enfermedad asumen la responsabilidad de cuidar hasta cinco niñas y niños a cambio de que en su momento cuiden a los suyos o las madres las acompañen a sus citas médicas.
 
A Flor Guzmán Miranda, indígena triqui de 50 años de edad que habita en “Las Misiones” –a hora y media en autobús de la guardería del IMSS– , le gusta cuidar a los menores de edad en su casa de tres cuartos porque cuando ella iba a la pizca (hasta hace tres años) no hubo quien la ayudara.
 
Ahora que se siente “mayor” y que sus hijos la apoyan económicamente, la mujer –encargada del cuidado de sus nietos– siente la responsabilidad de velar por sus vecinas para que toda la comunidad “se levante”.
 
NIÑAS Y NIÑOS ABANDONADOS
 
Otras mujeres, en especial las jóvenes, alquilan su tiempo libre para cuidar niñas y niños, pero con un costo de hasta 50 pesos, lo que representa prácticamente la mitad del salario diario de una jornalera.
 
En el caso de los mayores de tres años de edad, las familias se ven obligadas muchas veces a dejarlos solos, bajo el cuidado de la comunidad o encerrados en sus casas.
 
Está dinámica empuja a que miles de jornaleras prefieran trabajar por “tarea” –aunque sea la modalidad de contratación más cansada, según habitantes del Valle–, realizar la pizca más rápido pero con buena producción y salir antes de las dos de la tarde para estar con su prole cuando salen de la escuela.
 
“Es una joda”, se queja una jornalera mientras se sienta en el transporte público que toma de regreso a su casa: “No me gusta dejar a mis niños solos, por eso me apuro a sacar mi ‘tarea’ y me vengo corriendo”.
 
El esposo de esta trabajadora, proveniente de Guerrero, murió; la mujer no volvió a casarse porque quiere trabajar sólo para sus hijos, quienes no van la escuela porque el Registro Civil les niega el trámite de sus actas de nacimiento. Luego de cobrar, los lleva el fin de semana a comer “unas carnes” y dedica el resto de sus tardes a enseñarles al menos “lo que ella aprendió de la vida”.
 
Las y los maestros de las escuelas de la región también suspendieron sus actividades desde marzo pasado hasta que se les paguen los salarios que no perciben desde inicios del año.
 
Por esto, decenas de niñas y niños juegan en las calles empedradas de las comunidades hasta que sus madres regresan de los campos agrícolas. Sus padres –en algunos casos– emigraron temporalmente a EU o Canadá para buscar mejores ingresos en la pizca con sueldos de hasta 14 dólares por hora (214 pesos mexicanos).
 
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, enviada

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