* Aún sin cumplir, sentencia de Campo Algodonero

-- Feminicidas siguen impunes, pero México dice que acató fallo

Reportaje / CIMAC / Noviembre 19, 2013

Por Anaiz Zamora Márquez.- A cuatro años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por el feminicidio en Ciudad Juárez, persiste la impunidad en los crímenes.

En cuatro años el Estado mexicano no ha dado visos de avance en las investigaciones para atrapar a los responsables de los tres asesinatos de jóvenes encontradas en noviembre de 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En cambio, las autoridades han insistido desde 2011 en que la Corte dé por cumplida la sentencia en su totalidad. El 16 de noviembre de 2009 la CoIDH encontró a México responsable de la violación a los derechos a la vida, integridad y libertad personal de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Las tres forman parte de un grupo de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero. El mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció a nuestro país a cumplir 16 resoluciones, de las cuales sólo la mitad se han acatado.

El principal incumplimiento del Estado mexicano es el castigo para los responsables de los asesinatos, y sin embargo en diciembre de 2011 México pidió a la Corte que diera por cumplida la sentencia bajo el argumento de que “varios” de los puntos ya se habían resuelto.

De manera forzada, el Ejecutivo federal se dignó a publicar hasta 2010 la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en diarios de amplia circulación y páginas oficiales en línea. Mientras que el gobierno de Chihuahua lo hizo dos años después, en julio de 2012.

Apenas en agosto del año pasado el gobierno federal realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso, al cual no acudieron Felipe Calderón ni las familias directas de las víctimas, pues éstas ya habían salido de Juárez por motivos de seguridad.

En ese evento se reinauguró el memorial de las víctimas de feminicidio en la urbe fronteriza, toda vez que en 2011 se hizo una ceremonia que daba por cumplido este punto aunque el monumento estaba inconcluso, lo que desató críticas de activistas, quienes denunciaron que faltaban nombres de jóvenes asesinadas.

SÓLO DISCURSOS

El gobierno mexicano ha señalado que se unificaron protocolos de investigación de feminicidio con la publicación de los “Lineamientos generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos de desaparición y homicidio de mujeres por razones de género”.

Sobre la creación del sitio web con información de mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, México informó que los datos están disponibles en la página de la Fiscalía General del estado.

Al revisar esa página, se observa el reporte de 96 niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez, cifra que contrasta significativamente con los datos de organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denunció que tan sólo desde 2008 habían desaparecido mil 800 jóvenes y niñas en esa urbe.

En mayo pasado, en su Tercer Informe de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia “Campo Algodonero”, la CoIDH negó la solicitud del Estado mexicano de dar por cumplida la condena, ya que determinó que no ha conducido eficazmente el proceso penal contra los responsables de los asesinatos, pese a que –según las autoridades– se llevan a cabo “diligencias” en la investigación de los tres casos.

México ha insistido en que mantiene abiertas las investigaciones, ha recabado testimonios, emitió oficios a distintas entidades para obtener información, y que trabaja coordinadamente con diversas dependencias para esclarecer los crímenes.

Al respecto, la Corte observó que algunas de las diligencias tuvieron lugar antes de 2009. Tampoco, afirma la CoIDH, el Estado ha cumplido con su deber de investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades y castigar a los responsables de hostigar a familiares de las víctimas, a quienes tampoco les ha proporcionado la atención psicológica ordenada por la instancia internacional.

El tribunal regional precisó a México que aún es necesario que construya o adecue correctamente los protocolos para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas en todo el país, e instaure una base de datos con información genética para identificar a quienes hayan sido asesinadas, con lo que garantizaría la no repetición de los hechos.

En un primer momento, la negligencia e inacción de las autoridades para esclarecer los casos fueron reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que –tras emitir una serie de recomendaciones– demandó a México ante la CoIDH en noviembre de 2007.

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