* Los patrones mandan a la OIT al basurero

Laboral / CIMAC / Junio 05, 2012

Por Manuel Fuentes Muñiz*.- En un acto sin precedente, el Comité de Expertos (CE) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suspendió este año sus trabajos por la oposición de la mayoría de los gobiernos y representantes patronales, entre ellos los de México.

Es un hecho muy grave porque incrementa la impunidad en materia de justicia laboral en cada uno de los países que han sido cuestionados por violar los convenios internacionales de la OIT, como es el caso de México.

Ayer 4 de junio, los representantes patronales y empresariales de 187 países manifestaron su desacuerdo para que este año sesionara el CE. Su inconformidad estalló por un documento previo a la 101 reunión de la OIT sobre el tema de la huelga, al considerar este derecho como principio esencial de la libertad sindical.

Para los empresarios es inadmisible que el Convenio 87 referente a la Libertad Sindical esté ligado al derecho de huelga, ello a pesar de la existencia de documentos acordados por gobiernos, trabajadores y patrones desde 1959 que avalan esta definición.

El desacuerdo de los empresarios se basa en la opinión emitida por el CE por su oposición a la existencia de legislaciones nacionales que limitan el derecho de huelga, al someter los conflictos a un procedimiento de arbitraje obligatorio, lo que significa para este comité prohibir, en la práctica, todas las huelgas o suspenderlas.

El CE considera que el arbitraje obligatorio sólo se puede imponer cuando haya acuerdo entre las partes, o en el caso de servidores públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, en conflictos en los servicios esenciales en sentido estricto del término y en situaciones de crisis aguda a nivel nacional o local, aunque sólo por un tiempo limitado.

El CE señala, al contrario del sector patronal, que “ni la existencia de conflictos prolongados, ni el fracaso de la conciliación son elementos por sí mismos (que justifiquen) la imposición de un arbitraje obligatorio”.

La suspensión de la sesión del CE en realidad se dio porque los empresarios no están de acuerdo en que haya más normas que les impongan limites en su actuar; sin duda quieren libertad para imponer mayor flexibilidad, ausencia de sindicatos y prolongar los horarios de trabajo de acuerdo a sus necesidades sin el pago extra correspondiente.

Su queja fundamental versó en que los gobiernos carecen de tiempo suficiente para defenderse, a pesar de que 10 meses antes de la sesión tienen conocimiento de cada una de las quejas que expresan las organizaciones sindicales y las y los trabajadores.

Este año el gobierno mexicano estaba enlistado para responder por la muerte de 30 mineros en 2011, y nueve más ocurridos en 2012 en plantas de beneficio y transporte de carbón, por la falta de coordinación entre las instituciones de minería, seguridad social y del trabajo que se ha traducido en mayor inseguridad y desprotección a las familias mineras.

En la acusación ante el CE de la OIT se cuestiona la marginación del gobierno mexicano a organizaciones civiles como la Familia Pasta de Conchos, para ser consideradas en la elaboración de reglamentos de inspección y en mecanismos de prevención de riesgos de trabajo.

Cuando ha sido tomada en cuenta es por decisión de la dirección general de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y no por voluntad gubernamental.

Actualmente se lleva a cabo una revisión de la NOM-032-STPS-2008 sobre seguridad en minas subterráneas de carbón, sin que se considere a las organizaciones civiles y de Derechos Humanos.

Sigue la negativa para que se capacite a los inspectores de trabajo, a pesar de que la Familia Pasta de Conchos ha ofrecido sumar apoyos para que este procedimiento se realice. La respuesta ha sido que “las cargas de trabajo no permiten hacerlo”.

La suspensión de la reunión del CE de la OIT en Ginebra permitirá mayor impunidad en los centros de trabajo informales, como en los llamados “pocitos” donde laboran menores de edad sin control alguno.

Las viudas y huérfanos enfrentan con el disimulo e incapacidad gubernamental la anulación de sus pensiones e indemnizaciones, recibiendo a cambio migajas como respuesta a una justicia siempre aplazada.

*Abogado y académico, especialista en temas de justicia, y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM

12/MF/RMB