Respuesta del Gobierno de la CDMX a 28-S violó derechos, denuncian organizaciones

CDMX: Incumplimiento de Instrumentos legales y malas prácticas policiales

Derechos Humanos / Lidia Bonilla / Octubre 01, 2020

Ciudad de México, 01 de octubre de 2020. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red Rompe el Miedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) rechazaron las declaraciones “estigmatizantes” de la jefa de Gobierno de la CDMX contra las ocupantes del edificio de la CNDH y la actuación policial en respuesta a la manifestación del 28-S.

RRM, FLEPS y CIMAC, lamentaron las declaraciones de la jefa de gobierno ya que “las descalificaciones estigmatizantes y criminalizantes, reflejan una falta de voluntad política para atender las causas que llevaron a la apropiación del espacio cívico”.

Además, señalaron que la actuación policial del 28-S contravino los estándares internacionales de derechos humanos y muestra un grave desconocimiento sobre los ordenamientos legales que reglamentan el actuar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta y manifestación.

La policía de la Ciudad de México, expusieron, realizó el encapsulamiento arbitrario y prolongado de manifestantes, no mantuvo distancia con los contingentes y registró sin sustento jurídico las mochilas de las manifestantes como condición para ser liberadas del cerco policial. También hizo uso indebido e indiscriminado de extinguidores y gas lacrimógeno contra los manifestantes y la presencia de policías hombres, señalados de acosar y realizar tocamientos a las manifestantes.

Los organismos recordaron a las autoridades que las protestas se realizan en un contexto nacional de violencia generalizada contra las mujeres en donde se asesinan alrededor de 11 mujeres al día, además de la inacción y omisión de las autoridades por frenarla, que ha impulsado la diversificación de las formas de expresión de cientos de mujeres que “ante un Estado que no las escucha, se apropian del espacio cívico como única forma de exigir justicia”.

Por ello exigieron a la Jefa de Gobierno y funcionarios públicos, abstenerse de criminalizar y deslegitimar el derecho a la protesta, las diversas formas de expresión y a quienes ejercen este derecho; publicar un informe policial que establezca los criterios que guiaron el encapsulamiento de la manifestación, la cantidad de personal movilizado y los contextos donde se usaron los extinguidores; así como una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno o gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.

También apegarse a los protocolos de actuación policial de la secretaría de seguridad pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, el Protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México, así como los acuerdos que los complementan.

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