Reconoce la CIDH avances en la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en de Ayotzinapa

La Comisión exhorta al Estado a evaluar estrategias de homologación jurisdiccional ajustados a la actual realidad procesal de la causa y que se unificar criterios que faciliten la predictibilidad y tramitación de los casos.

Derechos Humanos / Lidia Bonilla / Septiembre 29, 2020

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su compromiso con la protección de los 43 estudiantes de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y sus familias, que a 6 años de ocurridos los hechos continúan desaparecidos. La CIDH valora positivamente el impulso de las actividades búsqueda, la investigación y los avances en el establecimiento de responsabilidades.

La CIDH ha desplegado todos sus mecanismos posibles con el objetivo de alcanzar justicia y reparación para las víctimas y sus familias. A partir de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión adoptó la Medida Cautelar 409-14 y solicitó al Estado tomar medidas para la búsqueda de los estudiantes, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas. Posteriormente creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (“GIEI”), y luego su Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA). Durante estos años la CIDH no solo mantuvo vigente el MESA, con un Grupo de Acompañamiento Técnico (GAT) con presencia en territorio mexicano, sino que el 6 de mayo de 2020 reinstaló el GIEI a solicitud de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, con el acuerdo y las facilidades brindadas por el Estado, y el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente, entre otras actividades, el GIEI brinda asistencia técnica a la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa en la investigación del caso; y el MESA le da seguimiento al complimiento de las recomendaciones de la CIDH en esa materia.

La CIDH observa positivamente los avances en la nueva etapa en el abordaje del caso, caracterizado por la centralidad de las víctimas y sus familiares. La CIDH ha acompañado el esfuerzo de coordinación encabezado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) en sesiones periódicas con la presencia de los padres y madres y sus representantes. En estas reuniones, altas autoridades de los diferentes poderes del Estado conciertan cursos de acción con los familiares para atender sus sugerencias y planteamientos respecto del manejo del caso.

En relación con la determinación del paradero de los estudiantes, la CIDH observa positivamente que en el último año se han reiniciado e intensificado los ejercicios de búsqueda, a partir de los cuales, se han asegurado nuevas pruebas y realizado los correspondientes análisis genéticos y forenses. Asimismo, la CIDH toma nota de la realización de acciones de búsqueda en vida con la participación de los familiares.

El Estado informó a los padres y madres de los estudiantes, la identificación genética y forense de un resto óseo del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en el lugar denominado “barranca de la carnicería”. A partir de este hallazgo, el Estado reiteró el fin de la verdad histórica, y la superación de las hipótesis que vinculan al basurero de Cocula y el Río San Juan con los hechos del caso. La Comisión saluda que, antes de hacer pública esta información, las autoridades fiscales y de la COVAJ transmitieron personalmente el hallazgo al núcleo familiar del Christian Alfonso, en salvaguarda de sus derechos como víctimas y en especial su derecho al duelo.

En cuanto a la investigación, la CIDH observa el impulso procesal por parte de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) respecto del cambio en la hipótesis de la investigación, la determinación de responsabilidades penales y la reconstrucción del acervo probatorio. Según lo informado, la UEILCA viene realizando nuevas diligencias de investigación y ha retomado diligencias anteriores que quedaron pendientes y que fueron señaladas por la CIDH en el Informe del MESA, tales como la toma de declaraciones a personas que ocuparon altos cargos en materia de seguridad ciudadana cuando ocurrieron los hechos o la investigación sobre telefonía celular, entre otros.

En relación con la determinación de responsabilidades penales, la CIDH destaca la interposición de múltiples solicitudes de aprehensión requeridas por la UEILCA. En el seguimiento de estas solicitudes, la CIDH observó en un primer momento que varias fueron rechazadas preliminarmente por las autoridades judiciales por motivos procesales. Posteriormente, la gran mayoría de estas solicitudes de aprehensión ha sido finalmente librada por las autoridades judiciales, resolviendo los conflictos sobre la competencia territorial o material que generaron los rechazos iniciales. Tanto la CIDH como el GIEI han reconocido los problemas de la fragmentación judicial en el caso Ayotzinapa, por lo que la Comisión exhorta al Estado a evaluar estrategias de homologación jurisdiccional ajustados a la actual realidad procesal de la causa y que se unifiquen criterios que faciliten la predictibilidad y tramitación de los casos.

La CIDH observa que varias de estas solicitudes de aprehensión han sido dirigidas en contra de agentes policiales supuestamente presentes en la noche de los hechos, así como de autoridades de la extinta Procuraduría General de República (PGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La Comisión también ha sido informada de que los delitos por los que se han solicitado la detención de estos funcionarios, incluyen obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada. La CIDH recuerda su recomendación al Estado de la necesidad de encuadrar la investigación del caso bajo el delito de desaparición forzada. En estos términos, la CIDH considera de especial relevancia que la judicialización actual se adelante por dicha figura delictiva, e insta al Estado a que los procesos judiciales anteriores, también sean reorientados hacia el delito de desaparición forzada, manteniendo el cuidado debido a las garantías judiciales de las personas procesadas.

En esta misma línea, la CIDH observa que, de modo consistente con las recomendaciones del GIEI y el MESA, la judicialización de las investigaciones abarca a autoridades estatales y federales que ocuparon puestos de liderazgo en los inicios de la investigación criminal del Caso Ayotzinapa y la construcción de la llamada “verdad histórica” que ha sido descartada. En este sentido, alienta al Estado a continuar con la ejecución de las detenciones judicialmente ordenadas, promover la entrega voluntaria de personas prófugas conforme a estándares de derechos humanos y encaminar las extradiciones de personas prófugas en el extranjero.

Por otro lado, la CIDH también ha sido informada sobre la judicialización de supuestos hechos de tortura ocurridos durante los interrogatorios de presuntos perpetradores en la etapa inicial de la averiguación previa. La CIDH recuerda que el MESA recomendó iniciar las investigaciones para esclarecer el motivo de los alegados actos de tortura. En estos términos, la CIDH encuentra positivo el seguimiento a la línea de investigación relacionada con los hechos de tortura e insta al Estado a practicar las pericias adecuadas en la investigación de los hechos de conformidad con el Protocolo de Estambul y sus obligaciones en derechos humanos.

Asimismo, la Comisión ha tomado conocimiento sobre las graves preocupaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos por las filtraciones de información de la investigación en medios de comunicación. La CIDH reitera al Estado sus obligaciones internacionales respecto de las garantías de las víctimas de graves violaciones en el acceso a la justicia, y lo exhorta a adoptar medidas concretas para evitar la revictimización de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

Por otra parte, en materia de atención a víctimas, la CIDH observa la instalación y creación de protocolos que establecen las rutas en salud para la atención médica de las víctimas. La Comisión ha sido informada sobre la necesidad de remover los obstáculos administrativos que desincentivan el disfrute de los derechos de las víctimas. Si bien según la información recibida muchos de estos obstáculos se relacionarían con asuntos estructurales de infraestructura de los servicios estatales de salud, la CIDH alienta al Estado al establecimiento de mecanismos de coordinación entre las entidades estatales y federales que gestionan la atención de las víctimas para agilizar la prestación de los servicios de salud.

En relación con los estudiantes sobrevivientes de los ataques, la CIDH observa positivamente que la atención de Aldo Gutiérrez, ha transcurrido de modo ininterrumpido de acuerdo con los acuerdos establecidos. Asimismo, en el caso de Edgar Vargas, la Comisión toma nota del seguimiento brindado por el Estado en su atención e insta a priorizar la importación de la prótesis faltante para que inicie su esquema de rehabilitación permanente. La CIDH hace un llamado al Estado a que, pese a la contingencia sanitaria, asegure el acceso oportuno a los tratamientos de salud necesarios.

Finalmente, la CIDH encuentra que, tras seis años de los hechos de Ayotzinapa y a pesar de los esfuerzos destacados en el último año, los estudiantes continúan desaparecidos. La Comisión reitera su compromiso con los padres y madres de los estudiantes en la resolución del caso, y alienta al Estado a mantener y consolidar sus esfuerzos para el esclarecimiento y sanción, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.