CDP: 2014, año de terror contra periodistas mexicanos

Documento la CNDH más de 800 agravios a periodistas del año 2000 al 2013

Artículo / Lidia Bonilla / Enero 06, 2015

En 2014 fueron asesinados ocho periodistas, el hijo de un periodista y dos personas más que ejercían su derecho a la Libertad de Expresión por medio de redes sociales y la radio, mientras que continúa desaparecido Julián Bacasegua Castro en Sinaloa, desde hace más de seis meses y el viernes 2 de enero de 2015, fue secuestrado en su domicilio, en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, el periodista   Moisés Sánchez Cereso, dio a conocer en un informe la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) A.C.

El organismo civil conformado por periodistas y abogados, que tienen la encomiendan de defender y promover los derechos de periodistas y en particular, proporcionar protección a periodistas en riesgo, considera que en México se vive un clima de terror, no solo para quienes ejercen el periodismo, sino en general para toda persona que ejerce su derecho a la Libertad de Expresión.

La CDP, constituida en el año 2010, manifiesta que en México, se vive una severa crisis en materia de Derechos Humanos, ya que la violación de los derechos fundamentales es sistemática y las instituciones de procuración y administración de justicia han sido incapaces de garantizar investigaciones científicas de los hechos violentos que han enlutado a miles de hogares desde hace más de una década.

 En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 800 agravios a periodistas del año 2000 al 2013 y resaltó en su Recomendación Especial número 20, la falta de efectividad de las instituciones de procuración y administración de justicia para dar con los responsables de agresiones a periodistas y su respectiva sanción.

    Para el gremio periodístico mexicano, los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Campeche y el Distrito Federal, son los más peligrosos para ejercer nuestra profesión.

    En la capital del país, es el caso de la revista Contra Línea uno de los más graves, el cual ha tenido que llegar a instancias internacionales ante la cantidad de agresiones, ataques, allanamientos, robo a sus oficinas y bloqueo de publicidad que padecen 45 trabajadores.

   Destaca Veracruz por los crímenes en cuatro años del gobierno de Javier Duarte Ochoa, durante el cual han sido asesinados diez periodistas y ahora el periodista Moisés Sánchez Cereso, se suma a la lista de secuestrados.

 A ésto hay que agregar,  lesiones, amenazas, ataques cibernéticos, entre otras violaciones a los  derechos humanos de  quienes buscan ejercer el derecho a la Libertad de Expresión.

 Tal es el caso del director General de los diarios El Heraldo de Córdoba y El Heraldo de Orizaba, Israel Ruiz Zepeda, quien después de terminar su relación comercial con el diputado local Eduardo Sánchez Macías, ha sido objeto de amenazas, hostigamiento y acoso judicial, por el simple hecho de  ejercer su libertad de expresión por medio de dos periódicos que  con los que busca dar a sus lectores y anunciantes pluralidad en la información.

 En Luvianos, Estado de México, el primero de agosto 2014 fue asesinado Juan Diego Benítez de 12 años, durante un atentado en contra de su padre, el colega Indalecio Benítez, fundador de una radio comunitaria.

  De acuerdo al monitoreo de medios que realiza la CDP y a información de casos graves que no se publican y cuya documentación se encuentra en poder de esta organización, el  número de colegas que sufrieron algún agravio de enero a  noviembre de 2014 es de 620, de las cuales  95 son mujeres  y 525 hombres.

 Asesinatos 2014

 1.    Miguel Ángel Garduño (Guerrero, 23 de enero).

2.    Gregorio Jiménez de la Cruz (Veracruz, 11 de febrero).

3.    Omar Reyes Fabián (Periodista y abogado, Oaxaca, 16 de febrero).

4.    Benjamín Galván Gómez, propietario de los periódicos Primera Hora y Última, que se editan en Nuevo Laredo, Tamaulipas quien fue secuestrado el 27 de febrero y en el mes de abril la policía localizó su cuerpo en el estado de Nuevo León.

5.    Jorge Torres Palacios. El 2 de junio, fue encontrado su cuerpo, luego de  haber sido secuestrado una semana antes en Acapulco, Guerrero.

6.    Norberto Herrera Rodríguez (Zacatecas, 29 de julio).

7.    Juan Diego Benítez, niño de 12 años de edad, hijo del periodista Indalecio Benítez,   fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres armados que atacaron al vehículo en el que viajaban el primero de agosto, en Luvianos, estado de México.

8.    Octavio Rojas Hernández (Oaxaca, 11 de agosto).

  1. Jesús Antonio Gamboa Urias (Sinaloa, 22 de septiembre)

 Desaparecidos 2014

  El periodista Julián Bacasegua Castro, desapareció el 21 de julio de 2014 en Guasave, Sinaloa. La denuncia se presentó el 23 de julio en la Cuarta Agencia del Ministerio Público, se abrió la Averiguación Previa No. Gve.218/14, la cual fue turnada a una mesa especial de desaparición forzada de personas en la entidad y se puso en marcha un operativo de policías y militares para su búsqueda sin resultados positivos.

  Otro periodista que se encuentra desaparecido es Mario Alberto Crespo Ayón de Mazatlán, Sinaloa, quien se comunicó con su familia desde el 3 de diciembre del presente año. Crespo Ayón colabora para la agencia de Noticias Uno TV.

Pedimos que en ambos casos, así como en el de Moisés Sánchez Cereso, en el Estado de Veracruz, secuestrado y sacado por medio de la violencia de su domicilio, el pasado 2 de enero, se eficiente la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para dar con el paradero de estos tres comunicadores.

 Mujeres periodistas

 También manifestamos nuestra más enérgica protesta por el clima de acoso, persecución, amagos y miedo que viven ahora mismo casi un centenar de mujeres periodistas, entre las que se encuentran Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Martha Durán de Huerta; Citlalli López; Nathalie Gómez; Carmen Olsen, Sandra de los Santos, Denise Dresser; Jade Ramírez Cuevas Villanueva; Lydia Cacho Ribeiro; Ana Lilia Pérez; Balbina Flores, por el hecho de ejercer la profesión periodística.

 Puebla

 Durante 2014 más de 30 compañeros ha padecido agresiones en el   estado que gobierna Rafael Moreno Valle sin que la Procuraduría General de Justicia del Estado o la Comisión  Estatal de Derechos Humanos hayan actuado en consecuencia para dar por terminada la impunidad. Las agresiones van desde las amenazas, agresiones físicas durante coberturas periodísticas y el acoso judicial.

 Campeche

 El autoritarismo y el rechazo a la pluralidad de ideas ha llevado a que el gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, lleve ya varios años con un acoso sistemático en contra del periodista Enrique Pastor  Cruz Carranza, su esposa y dos hijos. La información publicada  por Cruz Carranza  sobre posibles actos de corrupción en Petróleos Mexicanos y en la administración estatal,  a través de su columna en prensa escrita, así como en  los espacios de radio y televisión que ha tenido a su cargo, han sido la causa de que el mandatario estatal lo haya declarado como un periodista incómodo y lo persiga por diversas vías, incluida la penal y la difamación, por ello, actualmente el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le ha dictado medidas cautelares, al considerar su caso como extraordinario, sin embargo, las agresiones  siguen.

 Revista Contralínea

 La CDP y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) solicitaron medidas cautelares para directivos y personal de la Revista Contralínea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de julio de ese año y ese organismo las emitió ocho días después ante la gravedad del caso, por medio de las cuales le pidió al Estado mexicano, que se pusiera en contacto con los beneficiarios y peticionarios para que de común acuerdo se implementaran éstas medidas precautorias. Para ello le dio un plazo de 15 días. Sin embargo, al vencerse el mismo, el Estado Mexicano, se negó a convocar a los peticionarios y a los beneficiarios a una reunión de implementación de las referidas medidas, situación que se le comunicó en tiempo y forma a la CIDH.